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Una década sin Kioto

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27/01/09. MADRID. Los Estados Unidos «no deberán ser firmantes» de ningún protocolo que no incluya «mandatos específicos de reducción de emisiones para los países en desarrollo» o que «pudiera resultar en serio perjuicio para la economía de EE.UU.». La resolución, unánime y tajante, adoptada por 95 senadores y ningún voto en contra en 1997 segó la hierba bajo los pies de la Administración Clinton, que lideraba desde 1992 los trabajos para adoptar un protocolo a la Convención de la ONU sobre Cambio Climático para establecer objetivos vinculantes de reducción de emisiones de C02 .

 
Al Gore, vicepresidente de Clinton y adalid de la causa medioambiental, facilitó, negoció e incluso firmó el Protocolo de Kioto, un gesto político realizado a sabiendas de que el Senado -único autorizado para ratificar la firma de tratados internacionales- nunca aceptaría su entrada en vigor en EE.UU.
 
El testarudo «no» de Estados Unidos a uno de los tratados más queridos por la comunidad internacional responde a razones ligadas al ADN más íntimo de la vida política del país más que a un capricho «neocon» de Bush. Defender al país frente a la amenaza extranjera es uno de los principales mandatos constitucionales que recibió la Unión de unas colonias que acababa de sacudirse el «yugo colonial» británico. La alergia frente a los organismos internacionales en general, y la «burocracia» de las Naciones Unidas en particular, quedó desde entonces insertada en el corazón del movimiento conservador en EE.UU., ilustrado por el turbulento paso de John Bolton como embajador de Bush ante la ONU en 2005-2006.
 
Junto a razones de tipo ideológico, la defensa de la economía estadounidense -un objetivo generosamente financiado en el Capitolio por los fabricantes de coches, hidrocarburos, textiles, algodón etc.- ha servido durante una década para mantener inamovible el «no» a Kioto en el Senado. La no inclusión de rivales como China e India de un texto que solo obliga a las naciones industrializadas es el principal «defecto» achacado a Kioto, y a lo que se refería Bush en junio de 2001 cuando confirmó que no pensaba adherirse.
 
Desde entonces, un variopinto movimiento «pro kioto» formado por un centenar de ciudades, 17 estados con California a la cabeza y un sector de las iglesias evangélicas han logrado cambiar las tornas en la Cámara Alta. Obama afronta el dossier del cambio climático con una opinión pública más sensibilizada y un Senado más favorable, lo que puede ayudar a encontrar una fórmula para que EE.UU. se sume al llamado «Kioto 2», el acuerdo actualmente en negociación que deberá tomar el relevo en 2012.


Fuente: ABC.es
 

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